Los eventos de 2019 continúan dividiendo a los bolivianos, pero no de manera uniforme. El gobierno de Luis Arce [cuyo mandato presidencial comenzó en noviembre de 2020] busca confirmar la lectura del derrocamiento de Evo Morales como resultado de un golpe y mantener en prisión a la expresidenta interina Jeanine Áñez. La oposición, que niega la existencia de un golpe, se expresa principalmente en los medios y redes sociales, pero su fuerza social se debilita.
Bolivia se encuentra inmersa en un “debate legal” del tipo que ha acompañado varios momentos críticos de su historia. A principios de este siglo, por ejemplo, ríos de tinta corrían sobre el estado de la industria del gas y la población se dividía entre los que querían la nacionalización y los que la rechazaban. Pero después de que el presidente Evo Morales firmara la ley el 1 de mayo de 2006, el acalorado debate sobre el futuro del gas se suspendió y nunca volvió a abrirse.
Hoy, la pregunta que divide al país es la interpretación de la ruptura violenta de noviembre de 2019. Para quienes participaron, fue un levantamiento espontáneo contra una “dictadura” que buscaba perpetuarse mediante el fraude electoral. Para el partido gobernante, el Movimiento al socialismo (MAS), se trata de un golpe de Estado “planeado con varios meses de anticipación”, orquestado por Estados Unidos y operado por todo Estados Unidos, oposición a Evo Morales. Durante meses, esta divergencia de interpretación y sus ramificaciones han ocupado las portadas de los periódicos, titulares de noticias y programas de televisión; fueron objeto de memes [imágenes virales] e inspiraron la publicación de libros de varios cientos de páginas.
Los dos lados no tienen el mismo tamaño y la relación entre ellos no es simétrica. Hace diez meses, el MAS ganó las elecciones con el 55% de los votos y goza de una sólida hegemonía entre los sectores más bajos de la población. Sin embargo, la oposición, es decir, aquellos que argumentan que no hubo golpes de estado que puedan o deberían ser castigados, incluye a la mayoría de los poderes de facto del país: la élite económica, las iglesias, universidades, asociaciones profesionales, los grandes medios de comunicación, etc. Por ello, cualquiera que siga la polémica en los principales diarios tendrá la impresión de que el MAS y Evo Morales están acorralados por sus incongruencias y que las múltiples demandas que se están interponiendo o que quieren llevar a la ex presidenta Jeanine Áñez. y para sus colaboradores son el resultado de un abuso de poder.
El mejor ejemplo de esta orientación mediática fue la recepción del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que, por acuerdo entre el Estado boliviano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), investigo sobre la política violencia ocurrida en octubre y noviembre de 2019. Este informe señala que se cometieron violaciones de derechos humanos tanto en los últimos días del gobierno de Morales como en el inicio de la administración de su reemplazante, Jeanine Áñez.
El informe considera que estos últimos son más graves que los primeros, tanto por su magnitud como porque fueron perpetrados directamente por las fuerzas de seguridad del Estado. El informe hace especial referencia a la masacre de una veintena de manifestantes en la localidad de Sacaba, cerca de Cochabamba, y en el distrito Senkata de la ciudad de El Alto. Sin embargo, los periódicos cubrieron la historia al revés, destacando casos en los que los presuntos responsables estaban vinculados al MAS, como un tiroteo en la localidad de Montero [Departamento de Santa Cruz] en el que resultaron muertos dos manifestantes del Comité Cívico y una emboscada contra un convoy de autobuses que transportaba mineros de la oposición que viajan a La Paz para ayudar a derrocar a Morales, que resultó herido por disparos de larga distancia. El MAS se defendió a través de la red de medios estatales y los pocos medios privados progubernamentales que quedaban. Atribuyó un papel de oposición política a la prensa, que fue rechazada por las asociaciones de periodista
El debate no es puramente historiográfico, pero se ha actualizado y se refiere a la investigación judicial sobre los hechos ocurridos durante el derrocamiento de Evo Morales. Su contenido se ha vuelto muy complejo y difícil de seguir para los ciudadanos comunes. Se rompe en varios pequeños enfrentamientos y se desarrolla en diferentes espacios institucionales. En la legislatura, el oficialismo quiere aprobar un “caso de responsabilidad” contra Jeanine Áñez por las decisiones que tomó como presidenta del país, incluida la represión de las protestas en Sacaba y Senkata.
No dejaremos, en el marco de nuestras competencias, de exigir que los autores del golpe de Estado sean enjuiciados y sancionados ”, declaró el señor Arce durante una reunión de las dos cámaras del Congreso (parlamento) para celebrar la fundación. de Bolivia el 6 de agosto de 1825.
Todos los que han trabajado allí “deben responder ante la justicia por los hechos ilegales, ilegítimos y violentos que han perpetrado”, aseveró bajo las burlas de la oposición.
Para el partido de Arce, el Movimiento al Socialismo (MAS), la renuncia de Evo Morales, quien gobernó Bolivia de 2006 a 2019, luego de una controvertida elección presidencial, es el resultado de un “golpe de estado”. estado policial.
La justicia boliviana en manos del poder ya ha puesto en prisión preventiva a la ex presidenta interina de derecha, Jeanine Añez, quien sucedió al señor Morales, así como a varios de sus ministros y ex líderes del ejército y la policía.
Jeanine Añez juró como presidenta interina en noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales, quien se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales en las que se postulaba para un cuarto mandato pero fue acusado de fraude por la oposición.
Luego de una campaña de manifestaciones durante las cuales murieron al menos 35 personas, el Sr. Morales, liberado por la policía y el ejército, renunció y huyó a México y luego a Argentina.
El exjefe de Estado Carlos Mesa lamentó en redes sociales que el nuevo mandatario no cumpla “su promesa de construir un espacio de reconciliación y paz”, porque, a sus espaldas, está “Evo Morales y su obsesión por la búsqueda del poder”. cueste lo que cueste “.
Esta conmemoración nacional fue precedida el jueves por enfrentamientos callejeros en La Paz, la capital, entre partidarios del gobierno y la oposición.