Familiares de privados de libertad del penal de San Pedro afirman que la droga, las bebidas alcohólicas y todo lo necesario para organizar grandes fiestas “entran por la puerta” principal de ese recinto paceño, con la complicidad de policías y personal de Régimen Penitenciario. Acusan a los funcionarios de promover y mantener el sistema que tienen los delegados de la cárcel, para extorsionar a los nuevos reclusos.
“Yo pregunto ¿por dónde ingresa la droga y el alcohol?”, cuestiona en tono airado la esposa de un privado de libertad. Inmediatamente ella se responde: “Entra por esta puerta”, concluye y señala el ingreso principal de la cárcel de San Pedro. Afirma que, para visitar a sus familiares, las mujeres son sometidas a requisas corporales estrictas, por lo que deducen que para introducir cualquier objeto o sustancia prohibida al penal, los reclusos lo hacen en complicidad con los policías.
“Por esta puerta entran todas las drogas y el alcohol, cuando hacen fiestas lo hacen con grupos. Una persona trabajadora no puede contratar un grupo musical para hacer una fiesta, pero aquí (señala otra vez a la cárcel) se dan el gusto de traer grupos extranjeros”, denuncia la mujer.
La denuncia la realizó el grupo de familiares que señala a los funcionarios de Régimen Penitenciario y de la Policía de proteger al presidente del Consejo de Delegados de San Pedro, Kevin Fernández, a quien acusa de ser el autor del homicidio de Jhonny R.P., fallecido a raíz de una hemorragia interna la madrugada del lunes 27 de febrero.
Las parejas de los reclusos señalan a Fernández por, presuntamente, haber golpeado con pesas a Jhonny R.P. hasta provocar la pérdida del control de su esfínter. “El (Fernández) gobierna toda la cárcel. Él es violador, narcotraficante, asesino ¿una persona así debe ser quien maneja todo San Pedro?”, vuelven a cuestionar las esposas.
El grupo insiste en que dichos delegados gestionan con policías el ingreso de bebidas alcohólicas y drogas. Hablan de un descontrol al interior del penal que sólo da lugar a un sistema de extorsión para los nuevos reclusos.
“Hemos denunciado varias veces que nos cobran por todo ingreso a la cárcel, seguros de vida y las celdas donde duermen nuestros familiares. Es increíble que la persona que por diferentes motivos entra a la cárcel, sobre su desgracia, ahora también debe pagar su estadía, y todo tiene autorización de los policías ¿Quién pone a los policías? El Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario”, insiste el familiar.
El director de Seguridad Penitenciaria, coronel Hernán Romero, informó la pasada semana que el grupo de 10 reclusos fue reubicado por tres motivos: la sospecha de su participación en el homicidio de Jhonny R.P., la extorsión y malos tratos a otros internos y la venta de celdas, pero los familiares niegan que los internos hayan cometido esas faltas.
Sobre las denuncias de ingreso de droga que hicieron las esposas de los reclusos, Romero respondió: “Cuando se produjo el hecho de violencia en el penal de San Pedro, con el resultado de un privado de libertad fallecido y otro herido, se realizó una requisa para constatar lo que pasaba. Hallamos aparatos celulares, pantallas gigantes de televisores y otros materiales que son prohibidos (…) es el Ministerio Público que ha tomado conocimiento de todos estos elementos y todas las personas sindicadas por la muerte del privado de libertad están siendo investigadas y será durante esta investigación que se determinará el grado de responsabilidad”.
Reclaman la falta de acciones por parte de la Defensoría del Pueblo, sostienen que otros internos ya presentaron denuncias con nombre y apellido sobre abusos contra a los internos nuevos, sometidos a tratos degradantes y en algunos casos torturas.
“Pero los que trabajan en la Defensoría del Pueblo sólo dicen que van a pedir informes, en eso se les va el tiempo ¿Por pedir informes les pagan? ¿No deberían buscar soluciones y ayudar a los que lo necesitan?”, lamenta una mujer cuyo esposo fue llevado al penal de Cantumarca en Potosí.
El domingo 26 de febrero, Jhonny R.P. fue golpeado brutalmente en la Sección Guanay, durante la agresión, supuestamente cometida por Fernández, le rompieron una arteria y esto generó una hemorragia interna. Al día siguiente, el director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, minimizó el hecho y señaló a los medios de comunicación que el interno murió “de forma sorpresiva” por una enfermedad.
El fiscal Edwin Sarmiento desmintió esa versión con el reporte de la autopsia y a raíz de ese hecho se inició una investigación penal. Al mismo tiempo, el 3 de marzo, Régimen Penitenciario realizó una requisa en esa sección, durante la cual hallaron celulares, televisores y una serie de objetos prohibidos. Ese fue otro de los justificativos para el traslado.
A tres semanas del hecho, se desconoce el avance de las investigaciones en la Fiscalía. Las esposas de los reos aseguran que uno de los principales testigos del homicidio, otro recluso que fue goleado el mismo día que torturaron a Kevin R.P., esa semana fue aislado en otra sección, “y sorpresivamente ahora está libre, el testigo que debía declarar ahora no aparece, lo dejaron salir de la cárcel como si nada”, protestó Paola.