El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) falló en favor de la familia Marinkovic, concediéndole en total la tutela de 33.000 hectáreas de tierra en dos predios en el departamento de Santa Cruz. La noticia no cayó nada bien al Gobierno nacional, que anuncia acciones legales en contra de los magistrados, que favorecieron a la familia de Branko Marinkovic.
El Órgano Ejecutivo a través del Viceministerio de Tierras y el INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), acusan a los magistrados del TCP, Gonzalo Hurtado y René Iván Espada de favorecer de forma ilegal e inconstitucional a la familia Marinkovic al otorgarle la tutela de las 33.000 hectáreas. Adelantó que ya se tomaron acciones y piden explicaciones al TCP.
“Estas sentencias constitucionales van en contra de otras sentencias constitucionales donde ya está la cosa juzgada sobre el mismo tema. Vale decir que estos magistrados del Tribunal Constitucional no respetaron sus propias sentencias que dan ellos mismos. Nos sorprendemos de cómo estos magistrados están actuando de manera ilegal, dolosa, fuera del marco constitucional”, dijo el viceministro de Tierras y exfiscal general, Ramiro Guerrero.
Según el funcionario, se trata de dos predios en el departamento de Santa Cruz. Uno de ellos se denomina Empresa Agropecuaria Laguna Corazón que está en Guarayos y el otro se denomina Tierras Bajas del Norte, ubicado en la Chiquitanía cruceña.
Se conoce que el 21 de octubre de 2020, la presidenta Jeanine Áñez, firmó la Resolución Suprema 26916 que ordena la emisión del Título Ejecutorial del predio, por 12.481 hectáreas, Laguna Corazón a favor de la familia Marinkovic.
Posteriormente, el 15 de septiembre de 2020, el INRA emitió la resolución administrativa Nº 143/2020, donde se reconoce la superficie (21.838 hectáreas) del predio Las Tierras Bajas del Norte, a nombre de Marinkovic.
Un año después, el 21 de abril de 2021, el presidente Luis Arce, mediante el Decreto Supremo 4494, instruye al Viceministerio de Tierras demandar ante el Tribunal Agroambiental la nulidad de esa resolución que favorece a Marinkovic. El objetivo era revertir esas tierras al Estado para que el Gobierno las entregue a los indígenas “y gente que no tiene tierra”.
El Viceministerio de Tierras presentó las demandas contenciosas administrativas en mayo de 2021 ante el Tribunal Agroambiental, acciones en las que demandan la nulidad de las resoluciones a favor de Marinkovic, tras lo cual el Tribunal Agroambiental emitió las sentencias declarando “probadas” las demandas del Viceministerio de Tierras y dejando sin efecto las resoluciones supremas.
No obstante, los abogados de la Empresa Laguna Corazón presentaron una Acción de Amparo Constitucional, pero que sale a favor del Gobierno de tierras denegando la devolución de los predios revertidos.
Guerrero dice que de acuerdo a la Constitución Política una persona en Bolivia puede poseer como máximo cinco mil hectáreas. “Pero aquí estamos hablando de más de 33 mil hectáreas vulnerando toda disposición constitucional”.
Posteriormente la Acción de Amparo Constitucional es enviado para su revisión al TCP en Sucre, donde los magistrados emiten dos fallos.
La primera sentencia a favor de Marinkovic se emite en abril de 2023 y la segunda, la que hace referencia a la Laguna Corazón se emitió el 28 de diciembre de 2023, tres días antes de que los magistrados del TCP culminaran sus funciones constitucionales de seis años.
“Que no queden impunes”
Al respecto, el ministro de Desarrollo Rural, Santos Condori, se estrelló contra Marinkovic y los magistrados Hurtado y Espada y calificó los fallos como un “acto prevaricador que debe ser duramente sancionado”.
“El pueblo boliviano no debe olvidar a este oscuro personaje que esclavizó a nuestros hermanos bolivianos y bolivianas del pueblo guarayo para su beneficio personal El verdugo René Iván Espada y Gonzalo Hurtado y Branko Marinkovic, deben ser juzgados, sancionados. Pedimos a las autoridades que no quede impune el doloso actuar de los magistrados”, afirmó Quispe
De su lado, el viceministro Guerrero informó que junto al INRA fue hasta la ciudad de Sucre a verificar si salió la notificación del fallo constitucional y el funcionario aseguró que “jamás” fueron notificados.
“Pese a ello hemos presentado los memoriales pidiendo complementación, enmienda, que nos aclaren la sentencia. Porque ahora que hay dos sentencias nos preguntamos ¿cuál de ellas vamos a cumplir?, ¿cuál de ellas se va aplicar ahora?, ni siquiera eso se fijaron estos magistrados prevaricadores”, protestó Guerrero.