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El MAS ayer termino de allanar el camino para abordar en el Legislativo las propuestas acusatorias que se presentaron contra Jeanine Añez. Sin embargo, sí dictó sentencia de responsabilidad en el caso Quiborax contra el expresidente Carlos Mesa, líder de la principal fuerza opositora en la Asamblea Legislativa.

La Comunidad Ciudadana (CC) argumentó que el gobernador utiliza esta acción en un intento de chantajear y presionar a esta alianza para apoyar los procesos de responsabilidad contra Áñez, ya que el MAS carece de los dos tercios necesarios para autorizar el juicio.

Ayer, la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobó las tres últimas sentencias de responsabilidad que estaban pendientes de ser tratadas por ese órgano legislativo. Uno está en contra del líder CC en el caso Quiborax. Las tres causas fueron remitidas al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “para los efectos de la respectiva autorización”.

Además del caso contra Mesa, la Comisión Mixta aprobó las sentencias contra el exministro Alfredo Rada y el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde mayo hasta ayer pasaron por esa instancia 20 procesos, que a su vez los remitieron al pleno de la ALP.

“Hay 20 casos pendientes en la comisión. Juzgamos y hoy cumplimos y concluimos los 20 procesos que teníamos pendientes ”, informó la senadora Patricia Arce, presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

De esta forma, el MAS allanó el camino para atender los juicios de responsabilidad que se entablaron contra Áñez.

Arce indicó que ahora hay cuatro casos pendientes en el actual proceso legislativo, todos relacionados con Áñez. “Recibimos tres procesos de rendición de cuentas que teníamos pendientes y ayer se archivó el último. Tenemos cuatro asuntos pendientes que están bajo nuestra gestión ”, dijo.

Los casos en los que Áñez está sindicalizado son: 1) El préstamo del Fondo Monetario Internacional, de más de 300 millones de dólares, que supuestamente causó daño al Estado, 2) La supuesta concesión irregular del Registro de Comercio por otros 15 años a Fundempresa, 3) La aprobación de un decreto que supuestamente socavó la libertad de expresión, y 4) Las muertes de Senkata y Sacaba.

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