El abogado constitucionalista y ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) José Antonio Rivera informó que la próxima semana un grupo de ciudadanos y abogados está ultimando una propuesta para impulsar un referéndum popular, dirigido a cambiar la Constitución Política del Estado (CPE) como previa a los cambios profundos en el Poder Judicial.
La iniciativa surge como una alternativa a los seis ejes propuestos por el Ministerio de Justicia para cumplir con un plan de reforma judicial recomendado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rivera indicó que, si no hay un cambio en la Constitución, los seis ejes “serán un parche” porque no resolverán el problema fundamental, que es la economía y la independencia del Poder Judicial.
El gobierno propuso analizar los cambios a partir de ejes temáticos como el Balance de Conflicto, el Sistema de Acceso a la Justicia; Independencia judicial; Soluciones TIC para la transformación digital; Desarrollo normativo; y transparencia institucional.
Rivera dijo que, tras el primer intento infructuoso de encomendar la reforma judicial a un grupo de expertos del que dijo formar parte, un grupo de ciudadanos inició una acción para proponer una reforma constitucional por iniciativa ciudadana a través de un referéndum popular de un grupo crítico. camino con acciones inmediatas, mediadoras y de largo alcance.
El primer punto de la consulta sería cambiar la Constitución en cuanto al mecanismo de selección y nombramiento de magistrados; segundo, consagrar en la Constitución una asignación presupuestaria no menor al 3% del presupuesto general del Estado porque el actual asciende a solo el 0,39%; y el tercero para reestructurar el Consejo de la Magistratura.
Sostuvo que es importante devolver la independencia a los magistrados y la autonomía económica y financiera del Poder Judicial y, sobre todo, que una Comisión Nacional de Selección debe ser la encargada de nombrar a los miembros y jueces, con base en un mecanismo de transparencia con intervención ciudadana.
También plantea cambios en la justicia indígena campesina indígena, pues cuando se creó recibió todo en la Constitución, pero se vació de su contenido con una Ley de Demarcación Jurisdiccional.
“Estamos concluyendo esta semana (el trabajo) de abrir el debate con universidades, personas especializadas para que, finalmente, a través de plataformas y organizaciones ciudadanas podamos empezar a recolectar firmas porque necesitamos 1.400.000 firmas para pedirle al Tribunal Supremo Electoral que convoque a una referéndum para aprobar esta reforma constitucional y de ahí partimos con la verdadera transformación de la justicia ”, declaró al programa Hagamos Democracia de la red Erbol.
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier, Fátima Tardío, dijo que el punto central de la actual crisis de justicia es el tema de la preselección de jueces y fiscales. “Este punto que evitan tocar, qué hacemos con los jueces y fiscales que están en toda la administración de justicia, qué se hará con los funcionarios públicos y qué se hará para controlar la corrupción”, dijo el académico del mismo programa radial.