El MAS y el gobierno de Luis Arce Catacora, como sucede desde hace 15 años, continúa en la lógica totalitaria y de control total del poder, sin importar que sea por encima de la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Se está promoviendo un paquete de leyes orientado a la destrucción institucional y al control de las actividades básicas de la ciudadanía
Enrique Urquidi, de Comunidad Ciudadana (CC).
Las leyes que a ojos de la oposición y gran parte de la sociedad civil están destruyendo la libertad y individual de los ciudadanos bolivianos son :
Impuesto a la fortuna
El 28 de diciembre de 2020, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1357 de Impuesto a las Grandes Fortunas. Esta norma establece el pago de un tributo por las fortunas superiores a los 30 millones de bolivianos, lo que equivale a unos 4,3 millones de dólares. La norma alcanzaba a 152 personas. Aunque hubo observaciones no generó conflictos.
Emergencia sanitaria
La Ley 1359 de Emergencia Sanitaria fue aprobada el 17 de febrero de 2021. Fue observada por diferentes sectores porque prohíbe la suspensión o interrupción de los servicios de salud y con ello el derecho a la protesta. El Decreto Supremo 4542 que reglamenta la norma determina procesos administrativos y penales. El Artículo 17 señala: “Durante la Emergencia Sanitaria, queda prohibida la suspensión y/o interrupción de los servicios de salud; de ser así, de oficio o por denuncia ante las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, ejercerán medidas sancionatorias o administrativas, de corresponder, pondrán en conocimiento del Ministerio Público para su procesamiento penal”.
Ascensos
Policía La Ley 1387 de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana genera rechazo porque en el numeral II del artículo 11, referido al mando policial, pone en primer lugar al Ministro de Gobierno y después al Comandante de la Policía. Le da la potestad para dar conformidad a los nombramientos y aprobar y homologar las convocatorias de ascenso para todos los grados.
Registro de Comercio
La Ley 1398 de Registro de Comercio fue promulgada el viernes 1 de octubre de 2021. En su único artículo indica que el registro de comercio estará bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía. Éste manejará toda la información sobre las empresas dentro del país: quiénes son los socios, la masa societaria, los capitales, estados financieros, etc.
Ganancias ilícitas
El Proyecto de Ley 108 contra la legitimación las ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo consta de dos partes: la primera es la Estrategia y la segunda es la ley en sí. El rechazo se da por un articulo que rompe del secreto profesional y modifica la esencia de la UIF, de un ente técnico a un ente sancionador, que podrá investigar el patrimonio. Hay varios sectores movilizados.
Derechos Reales
El proyecto de Ley de Derechos Reales plantea que esta instancia se separe del Órgano Judicial y pase a depender del Ministerio de Justicia con la creación del Servicio Nacional de Registro de Derechos Reales. Con esto, advierten, el Ejecutivo tendrá a mano la información sobre el patrimonio de la ciudadanía. Esta propuesta es parte de la reforma judicial que lidera el ministro de Justicia, Iván Lima.
INE
El proyecto de Ley 253 de Estadísticas oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia establece atribuciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las estadísticas oficiales y, además, dicta sanciones para “entidades productoras de estadísticas” privadas. Cuando éstas no entreguen información en el plazo establecido, o cuando den datos erróneos, la sanción será una multa de hasta 7.200 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda).
Fuerzas Armadas
Al igual que en el caso de la Policía, en Senadores se espera una ley para las Fuerzas Armadas de Bolivia. La senadora Andrea Barrientos sostiene que aún no fue tratada, pero que plantea que el Ministro de Defensa sea la cabeza del mando y que todos los ascensos pasen bajo su supervisión. “Si subordinar a la Policía es terrible, lo es más en el caso de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.
Anticorrupción
El 27 de agosto se promulgó la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción. La norma endurece las sanciones contra las personas jurídicas y sociedades civiles que incurran en actos de corrupción y libera de castigo a las empresas públicas mixtas o que presten servicios públicos. También establece la habilitación de juicios en rebeldía por corrupción y delitos de lesa humanidad e implementa la figura del colaborador eficaz a cambio del perdón de la culpa. Además es conocida por modifica varios artículos del Código Penal y del Procedimiento Penal.