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Jeanine Añez

El Movimiento por el Socialismo (MAS) quiere enjuiciar a la expresidenta Jeanine Áñez en la forma ordinaria y dejar atrás cualquier posibilidad de juicio de responsabilidad, también conocido como juicio político, que debe ser tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En el XV Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, los cocaleros se aprobaron por unanimidad ejercer presión política para enjuiciar por la vía penal a la expresidenta Jeanine Áñez por la clausura del año escolar en 2020 “violación del derecho a la educación” junto a otras ex autoridades.

La determinación se tomó en la Comisión de Educación, Salud y Transporte, de acuerdo con el líder del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter.

En agosto de 2020, se decidió cerrar el año escolar, en medio de la pandemia, debido a la falta de condiciones para que los estudiantes tomen clases virtuales, especialmente en las zonas rurales.

Morales dijo que Áñez violó el derecho a la educación de los niños y las poblaciones indígenas para “condenarnos a la ignorancia para someternos”.

Juicios con tintes políticos

La exdiputada del MAS y denunciante del caso Golpe de Estado, Lidia Patty, presentó un memorial a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la expresidenta solo sea procesado por la vía ordinaria y sobreseído la sentencia de responsabilidad, recordando que no fue elegida para asumir el mandato del país.

Junto a su abogado Marcelo Valdez, según Página Siete, se dirigió a la presidencia de la Comisión Mixta de Justicia Plural, que preside la senadora Patricia Arce. Considera que las propuestas acusatorias que están en la Asamblea serán remitidas a la Justicia Penal.

Su abogado indicó que bajo el artículo 192 de la Ley 026 de Régimen Electoral, Áñez debió haber recibido credencial como sucesor de Morales, luego de su renuncia, pero no lo hizo, sin embargo, gobernó el país.

Las cuatro imputaciones corresponden al crédito del FMI, la ampliación de las operaciones de Fundemprensa, la presunta violación de derechos durante la pandemia de COVID y las masacres de Sacaba y Senkata.

El gobierno anunció durante el fin de semana que está preparando otra propuesta de juicio político por la presunta práctica de tortura, hostigamiento y persecución.

Esta semana es decisiva para Áñez, quien espera la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las medidas cautelares que solicitó para cuidar su salud. A su vez, los tribunales del país deben resolver la solicitud de prórroga de la detención por otros seis meses.

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