La Alianza Comunidad Ciudadana expresa su indignación y alarma ante las acciones de violencia que se están generando en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, por responsabilidad directa del gobierno de Luis Arce y Evo Morales, que han decidido nuevamente utilizar la violencia y el amedrentamiento como formas de gestión.
Las acciones arbitrarias y prepotentes del ministro Montaño, que, al mando de un grupo de choque, y
utilizando funcionarios públicos y recursos del Estado, recorre las calles de la ciudad de Santa Cruz, que exige la realización del Censo en 2023, para atemorizar, agredir e intimidar a los cruceños, son la muestra más evidente de la naturaleza de un gobierno que ha perdido el sentido de legalidad y respeto por los derechos ciudadanos, y pretende imponer su voluntad con el enfrentamiento fratricida.
Estas acciones contrastan con la complicidad demostrada por el gobierno y la pasividad de las fuerzas policiales en ocasión de las violentas acciones de avasallamiento, los bloqueos y toma de predios en la zona de la Chiquitania, llevadas adelante por colonizadores masistas, que además ejercieron acciones de amedrentamiento contra comunidades indigenas de la zona.
La decisión del gobierno de proteger, avalar y cohonestar la creación ilegal de un mercado de la coca paralelo, para eliminar a la legítima representación de los productores de los Yungas, y colocar a masistas al servicio de Evo Morales y del grupo de cocaleros del Chapare, zona de producción mayoritaria para el narcotráfico, está generando violentos enfrentamientos que han causado heridos de gravedad, ante la mirada cómplice de la Policía que, en lugar de resguardar la seguridad y los derechos, se muestra diligente para proteger a los grupos irregulares masistas.
La acción de efectivos de la policía y las FFAA pagados por el Estado –cuya función debiera ser proteger las fronteras y la seguridad ciudadana-, como agitadores, espías e infiltrados, que generan violencia para culpar a los ciudadanos movilizados, es otra de las muestras de un régimen antipopular que recurre a mecanismos propios de las bandas delictivas para acallar las demandas y reclamos del pueblo.
Exigimos el cese de la violencia estatal que utiliza el MAS, así como el replieque de los efectivos del orden
y los empleados públicos que está usando el gobierno contra el pueblo, y que se abra una investigación en contra del ministro que organiza grupos de choque.
Responsabilizamos directamente al presidente Luis Arce y al expresidente y dirigente cocalero del
Chapare Evo Morales, así como a los ministros que están actuando directamente en el lugar, por todas las consecuencias de enfrentamientos y daños personales y materiales que puedan producirse.
Expresamos nuestro apoyo a las reivindicaciones de Santa Cruz, que son las del país, lideradas por el
Comité Interinstitucional, que exige la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023, así como a
la posición de ADEPCOCA respecto al mercado legal de la hoja de coca.