Este año el comienzo del curso escolar trae una nueva fuente de disputas entre los padres de los niños y niñas de entre 12 y 15 años: decidir si se les inmuniza o no contra la covid-19.
Con la vuelta al cole vuelven a aflorar las desavenencias entre padres en relación con la educación, el cuidado o la salud de los hijos. Uno de ellos son las discrepancias entre progenitores respecto a la vacunación de sus hijos, y en particular, en este año, por la vacuna contra la covid-19, que ya lleva semanas administrándose a los menores con más de 12 años.
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, el 74% de las personas de entre 12 y 19 años tiene puesta al menos una dosis de vacuna contra la covid-19 y el 39,4% la pauta completa. A pesar de este dato, los abogados de familia reconocen que, a las consultas de los padres, especialmente los divorciados, propias del inicio del curso escolar se añaden, este año, las dudas sobre cómo gestionar la posible vacunación de los hijos menores.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que los mayores de 16 años pueden decidir por sí mismos si se vacunan o no contra la covid-19. De manera que solo en el caso de los niños y las niñas de entre 12 y 15 años se necesita el acompañamiento y consentimiento de los padres o tutores legales. En estos supuestos, la decisión sobre la inmunización del hijo menor forma parte de la esfera de la patria potestad, recuerda Delia Rodríguez, socia fundadora de Vestalia Asociados, “y debe ser adoptada y ejecutada conjuntamente por ambos progenitores, salvo si alguno de ellos ha sido privado de la misma por sentencia firme”.
Falta de acuerdo entre progenitores
Por ello, en principio, si no hay acuerdo entre los padres, el menor de entre 12 y 15 años no podría vacunarse. Aunque, como apunta Olatz Alberdi Rey, socia de ABA Abogadas, en la práctica si el padre o la madre acude con su hijo a vacunarle no va a tener problema para hacerlo. “Los servicios sanitarios no van a solicitar ninguna documentación o acreditación de la conformidad del otro progenitor”, explica la abogada. Eso sí, se arriesga a que el otro progenitor pueda iniciar un procedimiento de jurisdicción voluntaria por inadecuado ejercicio de la patria potestad para tratar de evitar la segunda dosis.
El juez deberá entonces resolver si el progenitor que acompañó al menor a vacunarse sobrepasó o no las facultades que le son propias respecto a su hijo y acordar las medidas que considere oportunas, que podrían llegar incluso a un cambio de custodia previa petición del demandante, expone María Pérez Galván, abogada de familia y vicepresidenta de AEAFA.
Para no llegar a este tipo de situaciones, los abogados de familia recomiendan en interés del menor que los padres y madres intenten siempre alcanzar un acuerdo por la vía del diálogo e incluso que acudan a un procedimiento de mediación. Una vía que en opinión de Alberdi al ser voluntaria no garantiza la resolución definitiva del asunto.
En cualquier caso, si resulta imposible que ambos progenitores lleguen a una decisión pactada deberán dirimir el problema ante los Juzgados de familia mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Para Pérez Galván también hay que tener en cuenta que este trámite no resulta tan rápido como debería, ya que “no hay juzgados especializados en toda España y, los que hay, tienen tal cúmulo de trabajo que, aunque quieran priorizar el procedimiento, pueden llegar a tardar meses en resolverlos”.