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Los abogados penalistas Karlo Brito y Paola Barriga calificaron como una negligencia y una aberración de la justicia la detención preventiva del dirigente cocalero César Apaza, pese a que está amparado por artículos del Código de Procedimiento Penal que mandan a aplicarle medidas sustitutivas por razones de salud.

“El caso de César Apaza es una negligencia sin precedentes dentro de un recinto penitenciario y estaríamos hablando de hechos de tortura. El artículo 239, inciso 5, del Código de Procedimiento Penal es claro en establecer la improcedencia de la detención de preventiva”, sostuvo la abogada Paola Barriga a la ANF.

César Apaza, expresidente del Comité de Autodefensa de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), está detenido desde septiembre de 2022 acusado por la quema del mercado ilegal de coca. En noviembre fue llevado al penal de Chonchocoro y su salud se deterioró hasta el punto que tuvieron que trasladarlo de emergencia el 15 de febrero por una embolia que le paralizó la mitad de su cuerpo. Desde entonces no puede valerse por sí mismo; y pese a esa condición, el Gobierno decidió regresarlo de nuevo a Chonchocoro.

Barriga también mencionó que el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal refiere que una persona con un grado de discapacidad, que el impida valerse por sí misma, no puede ser detenida.

La directora de salud de Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, admitió ayer que César Apaza no puede valerse por sí mismo y que necesita cuidados personales; dijo que fue el dirigente cocalero quien pidió ser llevado a su celda porque tiene ayuda de sus paisanos.

La familia del detenido informó que sus compañeros reclusos le cambian los pañales que debe utilizar y pidió la modificación de su detención.

El abogado Karlo Brito dijo que los administradores de justicia deben hacer prevalecer la vida de un reo.

“Los jueces y fiscales antes deberían hacer prevalecer la vida de un ser humano y no obedecer órdenes de sus jefes, para ver si lo sacan o no le sacan. Les vale un rábano si lo han enviado a Chonchocoro, el pobre hombre no se vale ni por sí mismo”, reclamó el jurista.

Barriga resaltó que el Código de Procedimiento Penal es una norma que regula los delitos cometidos por delincuentes y recordó que el cocalero sólo reclamó por su sector y fue encarcelado.

“Es indignante saber que no exista ni un mínimo de humanidad para esta persona que, no es un delincuente, no ha matado a nadie, no ha generado ningún daño contra nadie, simplemente por temas políticos lo tienen en ese estado. Realmente es un insulto para nuestra sociedad”, protestó.

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