El expresidente Carlos Mesa demandó recuperar la institucionalidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) con la designación de un director a través de la Cámara de Diputados y, de esta manera, evitar la toma ilegal de tierras que provocan avasallamientos e incendios.
“Los desastres ambientales que hoy sufre el país como consecuencia de los incendios provocados por avasalladores, nos recuerdan que es necesario y urgente recuperar la institucionalidad del INRA”, señaló el exmandatario a través de sus cuentas en redes sociales.
Además, recordó que Comunidad Ciudadana, la alianza política que él encabeza, propuso “un reglamento para la elección de un director idóneo e independiente, pues es el camino adecuado para recuperar la credibilidad y transparencia en la administración de tierras”.
El actual director del INRA, Elogio Núñez, fue designado por el presidente Luis Arce de manera interina y sus antecesores también llegaron a ese cargo por ese mecanismo, a pesar de la potestad constitucional de la Cámara de Diputados de seleccionar a esa autoridad.
“El 13 de noviembre hemos presentado el reglamento para la elección y conformación de una terna para que pueda elegir al nuevo director institucionalizado, esto tomando en cuenta que es una potestad de la Cámara de Diputados”, informó el diputado Óscar Balderas (CC).
El legislador consideró que la política agraria del país está altamente sometida al poder político “y eso ha generado vínculos con la corrupción y ha provocado una debilidad institucional porque desde hace más de dos décadas no cuenta con un director titular”.
“Estamos a casi 26 años del inicio del proceso de saneamiento de tierras y hasta ahora no se ha concluido. Tenía que ejecutarse este proceso de saneamiento durante 10 años, pero ya estamos a casi 27, entonces es algo preocupante”, señaló el legislador.
La problemática de la propiedad de la tierra estuvo vinculada recientemente a varios hechos de corrupción y tomas ilegales de predios, incluso por grupos armados como sucedió en Las Londras, en 2021, un proceso legal que no llegó a su conclusión.
Este año, varios conflictos estallaron por asentamientos ilegales próximos a áreas protegidas. Incluso, se detectaron ‘chaqueos’ indiscriminados para habilitar terrenos en esas zonas para luego comercializarlas, incluso a través de las redes sociales.
Balderas señaló que las tomas ilegales y el comercio de la tierra están vinculadas a las causas de los incendios forestarles, especialmente en la Amazonia, donde existen varias alertas por la devastación de áreas boscosas.
“Desde 2003, el Presidente sigue teniendo la prerrogativa del nombramiento de un interinato para el INRA, ocasionando no solo desconfianza de los demandantes individuales o colectivos, sino contraviniendo flagrantemente la normativa de tierras vigente”, señaló el legislador.
La Ley INRA estableció 10 años de plazo para concluir el proceso de saneamiento de tierras en el país. En 2006, el expresidente Evo Morales promulgó la Ley 3501, ampliando por siete años para concluir el saneamiento de la propiedad agraria. El 31 de octubre de 2013 se promulgó la Ley Agraria 429, que nuevamente ampliaba el plazo, por tercera vez, para la ejecución del proceso de saneamiento de la propiedad agraria en cuatro años adicionales.
De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), entre 1996 y 2020, en Bolivia se saneó y tituló más de 88 millones de hectáreas, superficie que representa el 86% del total de las tierras que debían ser saneadas en el país (103.418.772 ha). En este mismo periodo se entregó aproximadamente un millón de títulos ejecutoriales a 2.673.830 beneficiario