El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró este jueves que el Gobierno no respalda a ninguna de las facciones que se disputan la dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), ya que se trata de un tema “totalmente privado” que “no tiene nada que ver” con las autoridades nacionales.
“Este Gobierno no está apoyando a ninguna persona de Adepcoca, lo que está realizando es el resguardo de las inmediaciones del municipio de La Paz, estamos evitando un enfrentamiento que pudiera derivar en hechos luctuosos. (…) Este es un tema privado, no tiene nada que ver con el Gobierno Nacional”, sostuvo Del Castillo ante la prensa.
“Tenemos entendido que el día lunes habrá una asamblea por la paz y la unidad del sector de los Yungas y creo que es la instancia correspondiente para resolver su conflicto. Este es un tema totalmente privado, hemos sido respetuosos con lo que determina la asamblea (…) Seguramente la nueva asamblea determinará si sigue Arnold Alanes a la cabeza de Adepcoca o se llevan a cabo nuevas elecciones”.
La autoridad aseguró que “no se tolerarán” grupos irregulares y que iniciarán procesos judiciales a los detenidos con portación de dinamita.
“Los delitos son a título personal. Aquellas personas que porten dinamitas —ya no cachorros, sino dinamitas de siete o 10 centímetros— serán llevadas a la justicia, serán llevadas al Ministerio Público para que presten su declaración correspondiente. Sin embargo, ya no serán soltados dentro de las ocho horas, será un proceso judicial que se abrirá en contra de estas personas”, precisó.
“La Policía no está resguardando el mercado, está resguardando las calles. (…) Esta gente no está yendo a dialogar, está yendo con dinamita, está teniendo un objetivo. (…) No vamos a tolerar grupos irregulares, no vamos a permitir que se enfrenten bandos opuestos porque piensan diferente y, sobre todo, por intereses económicos”.
Este miércoles se cumplió el décimo día de enfrentamientos entre un grupo de manifestantes que intenta retomar la sede de Adepcoca —arrebatada el pasado lunes a los seguidores de Armin Lluta— y la Policía, que se encuentra en la zona impidiendo el acceso. Actualmente las instalaciones se encuentran en poder de la facción de Arnold Alanes, dirigente reconocido por el Gobierno.