Al menos 62 conscriptos murieron en cuarteles del país mientras realizaban ejercicios forzados, por armas y agresiones físicas entre 2010 y 2023, según reportes de prensa e informes de autoridades de Estado. Los más altos índices de fallecidos se reportaron en 2013 y 2016. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia Estatal (ITEI) señaló que los casos de tortura no tienen sentencia porque durante el proceso se reducen a una tipificación de lesiones leves, graves o gravísimas.
El primer reporte de la Defensoría del Pueblo data de 2015. Establece que desde 2010 a agosto de 2015 se registraron, al menos, 40 muertes en cuarteles o recintos de uniformados en el país, tanto militares como policiales.
El entonces defensor del Pueblo y fallecido Rolando Villena alertó sobre “la existencia de un patrón sistemático de violencia” en el que prevalece “la impunidad” porque los culpables no habían recibido sentencia condenatoria, pese al enjuiciamiento por la jurisdicción ordinaria y no militar, que se consideró como un logro para ese tiempo.
El 2016 se sumaron 11 fallecimientos y el entonces ministro de Defensa, Reymi Ferreira, admitió que durante ese año no pudieron cumplir con el objetivo de tener “cero muertos” en los cuarteles. Supuestamente las causas de las muertes no fueron por violencia, por abuso de algún oficial o suboficial o por una pelea entre soldados. Sin embargo, en detalle se registró una golpiza entre camaradas.
De 2017 a 2021, hubo cinco muertos incluido el fallecimiento de un joven oficial militar que sufrió un paro cardiaco mientras realizaba su curso de especialización en el cuartel de Sanandita. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, explicó que Sanandita es un área de riesgo, de alta formación y preparación en tareas operativas muy difíciles.
Los casos volvieron a repuntar en 2022 con cinco muertos. El primer caso del año se reportó en abril cuando Erasmo Yomeye Molina, soldado que prestó su servicio militar en la Armada de Trinidad, falleció luego de una golpiza por parte de sus instructores, según denunció el joven antes que se deteriorara su salud.
Otro soldado murió en septiembre. Elena Nieves, hermana de la víctima, relató que fue anoticiada de lo ocurrido el jueves 8 de ese mes a las 23:00 y que, entonces, le dijeron que su familiar no pudo resistir las “flexiones”.
Un hecho llamativo es la muerte de un conscripto, de 20 años, por disparo de arma de fuego en el recinto militar Murillo 30 Infantería, ubicado en el municipio de Apolo del departamento de La Paz, durante una práctica de tiro. La familia del soldado denunció que no recibieron ninguna explicación concreta sobre lo ocurrido en el recinto militar.
El 19 de marzo de este año en Cochabamba, un soldado, de 18 años, perdió la vida. La autopsia médico legal estableció que murió por broncoaspiración. Sin embargo, la familia cree que hubo negligencia debido a que la atención médica habría demorado.
Manifestaron que el joven tenía dolores de cabeza una semana antes de morir y que además notaron que tenía moretones en los brazos, por eso la familia presume que recibió una golpiza en la unidad militar. Desde el Batallón de Transporte 3 o Sétima División del Ejército no emitieron ningún comunicado oficial respecto a este caso.
La activista y diplomada en Defensa Internacional de Derechos Humanos, Nathalie Iriarte, expresó su preocupación por los casos de accidentes en cuarteles, los castigos extremos y cuando hay víctimas de muertes o de lesiones severas porque considera que “son un síntoma de lo que callan adentro de estas instituciones militares extremadamente violentas y machistas”.
Cuestionó que en los recintos militares se condicione a los hombres a mostrar fortaleza o que tienen que ser “machos” sin posibilidad a mostrar debilidad física ni emocional, obligándolos a actividades peligrosas y de violencia unos contra otros.
“Tienen que callar muchos castigos físicos y la familia se entera cuando pasa algo muy extremo”, lamentó Iriarte.
La feminista María Galindo hizo un recuento de los casos de muerte de conscriptos en su famoso radio documental y frente a autoridades militares y soldados que cumplen con su servicio militar cuestionó que “nunca un general fue juzgado por jóvenes que han fallecido bajo las armas o en el cuartel, nunca son responsables”. Rechazó que no haya atención oportuna.
Marcelo Flores, médico forense del ITEI, señaló que el trato que se da generalmente en los cuarteles siempre es con el pretexto de formación militar y en algunos casos llega a trato cruel, inhumano y degradante.
Tortura
La Defensoría del Pueblo registró de 2013 a mayo de 2022 un total de 1.033 denuncias por tortura y malos tratos, que contemplan una mayor afectación a la integridad física y psicológica. Los datos muestran que la Policía Boliviana con 769 casos y las Fuerzas Armadas con 131 son las instituciones más denunciadas.
Marcelo Flores, especialista en casos de tortura, explicó que en el país no existen condenas por tortura porque cuando una persona alega haber sido torturado o víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes los abogados minimizan el hecho y tratan el caso como si fuera un delito común de lesiones leves, graves o gravísimas.
“Toda la violencia que han sufrido se subsume en esos delitos que no en algo tan grave como la tortura. Hay un preso en San Pedro que cometió tortura, pero cumple condena por lesiones”, refutó el experto.
En julio de 2022, un conscripto de la Fuerza Aérea Boliviana sufrió una agresión física en esas instalaciones. La víctima presentó lesiones en la región del cuello, oreja y piernas, además de un quiste en la región genital, a causa de la agresión.
Un caso reciente ocurrió en Villamontes. Una mujer denunció que un subteniente agredió con un palo y piedra a un soldado.
“En mi plato tenía un pedazo de carne, un poquito más. De eso ha empezado a reaccionar, se ha molestado y botó la silla. Tiene miedo. El domingo me dijo que me culpe y diga que cada vez yo me saco la carne”, declaró el soldado a los medios de comunicación.
La delegada defensorial en Tarija, Carola Romero, confirmó el inicio de un proceso sumario informativo militar y el consiguiente alejamiento del subteniente S.T.C. de su lugar de trabajo debido a agredió física y psicológicamente a un soldado mientras realizaba funciones en el puesto de control aduanero de San Antonio, que une la población de Yacuiba de Tarija con la ciudad de Santa Cruz.
“Como Defensoría del Pueblo repudiamos esta situación puesto que venimos conociendo hechos recurrentes donde se da un exceso de autoridad de forma descomunal contra personas que se encuentran en resguardo del Estado”, dijo Romero.
Para el general Tomás Peña y Lillo, presidente de la Unión de Militares del Servicio Pasivo de Bolivia, los castigos son normales en cualquier Ejército y en Bolivia aún se aplican castigos físicos que “muy pocas veces deriva en tortura”.
“En 35 años, he visto muy pocas veces que derive en una sanción excesiva o innecesaria”, aseguró.
Las críticas al rol de las Fuerzas Armas, al entrenamiento militar y la necesidad o no de continuar con el servicio militar obligatorio resurgieron por la caída estrepitosa de dos cadetes del Colegio Militar desde una estructura de más de 20 metros mientras hacían el “salto de la muerte”. Este hecho derivó en el relevo del comandante de esa institución y en investigaciones a 15 funcionarios.
Hay quienes consideran necesario seguir el ejemplo de Costa Rica y abolir el Ejército como institución permanente para evitar gastos innecesarios cuando Bolivia es un país pacifista.