“No hay posibilidad de que se reponga la ley, vamos a cumplir obligaciones internacionales pero no con una ley, ese es el acuerdo, el compromiso, que tenemos con el presidente Arce”, afirmó el ministro Iván Lima.
Tras la decisión de retirar de la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Gobierno descartó tratar, durante la gestión del presidente Luis Arce, otra norma similar, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima.
“No hay posibilidad de que se reponga la ley, vamos a cumplir obligaciones internacionales pero no con una ley, ese es el acuerdo, el compromiso, que tenemos con el presidente Arce”, afirmó Lima en radio Erbol.
La promulgación de la polémica ley estaba prevista hasta mediados de noviembre ante una eventual llegada de una comisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para evaluar el cumplimiento de las 40 recomendaciones que realizó.
Sin embargo, Lima afirmó que el Estado evaluará con la comisión la situación para plasmar con los encargados del organismo sus recomendaciones sin la ley proyectada.
“Tenemos compromisos internacionales que tienen que cumplirse en el marco de la GAFI y que de ninguna manera tienen que ver con el texto de la ley presentada”, añadió.
Lima aclaró que el tipo penal de legitimación de ganancias ilícitas se creó en 1997 en el Código Penal y que hasta el momento ningún gremial, chofer o comerciante fue procesado por ese delito.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, fue la encargada de comunicar la tarde de este jueves que el Gobierno retiró el cuestionado proyecto de ley porque la oposición lo utilizaba como una excusa para instalar la desinformación y sembrar temor entre los sectores populares.
“Pero nosotros venimos de sectores populares, nosotros somos un gobierno del pueblo y por supuesto siempre vamos a estar en sintonía con ese latir del corazón del pueblo boliviano, con sus preocupaciones, con sus temores y nunca iremos en contra de los intereses del pueblo boliviano”, aseguró.
Choferes de la ciudad de El Alto y gremiales de ambas ciudades habían anunciado movilizaciones y paros contra el proyecto de ley por ser, según denunciaron, anticonstitucional. Los cívicos y la oposición se agruparon en un bloque para sumarse a las protestas que empezaron el lunes con un paro.