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Manfred reyes villa politico boliviano de Cochabamba

El cumplimiento o no de la orden para condenar al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de ingresar al penal será definido por la Sala Constitucional No. 2 de Chuquisaca.

La primera autoridad municipal ha sido demandada desde 2008 por irregularidades en el proyecto vial El Sillar Alternativo (desde 2006), cuando era alcalde de Cochabamba. En 2013, se impuso una pena de prisión de cinco años por conducta innecesaria. Esto ha sido apelado varias veces; Y la semana pasada, el Gobierno informó sobre una orden suprema, emitida el 8 de septiembre de 2021, que ratificó la sentencia. Desde entonces, las autoridades de la Fuerza Republicana Democrática Nacional (Súmate) y el Movimiento Al Socialismo (MAS) se han enfrentado en este tema, en un escenario en el que aumentan las diferencias políticas.

El lunes se dieron a conocer dos documentos oficiales. Uno, amparo constitucional a su favor, en el entendido de que no se respetó su derecho al debido proceso; y otro documento que confirma la sentencia firme que declara que el Ayuntamiento debe acudir al Penal de San Sebastián Varones.

El abogado de Reyes Villa, Ronald Pinto, explicó que se interpuso amparo constitucional contra los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (TSJ) que se negaron a tramitar el recurso de casación Interpuesto por Reyes Villa para que se resuelva el fondo de las denuncias

La acción fue confirmada por la Sala Constitucional No. 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

“Mientras no se resuelva esta acción de amparo constitucional, cualquier acción que se pretenda tomar contra el señor Manfred Reyes Villa, como la ejecución de una orden de condena, es totalmente ilegal”.

Agregó que una de las posibilidades es que el auto definitivo sea anulado y el TSJ “se vea obligado” a lanzar un auto nuevo.

La Comunicación Encargada del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Cochabamba, Elva Morales, informó que el Juzgado de Penas 1 escuchó la aprobación de una acción constitucional por parte de la Sala Constitucional 2 de Chuquisaca.

“A partir de esta resolución, el Juzgado de lo Penal 1 de Cochabamba perdió competencia en este caso (…). Ahora está en manos de la Sala Constitucional No. 2 determinar si se suspende o no la ejecución, en este caso, de la orden de condena ”, dijo.

Según fuentes cercanas a las autoridades jurisdiccionales, se entiende que si la Sala Constitucional de Sucre emite una resolución determinando el cumplimiento de la sentencia, esta decisión será notificada a la Sala de Condena de Cochabamba para su ejecución. Mientras tanto, no se tomarán más medidas.

En el escrito de admisión de la acción de amparo de la Sala Constitucional, se definió la resolución del caso “a través de una plataforma virtual el jueves 7 de octubre de 2021, a las 11 am”.

El responsable de Comunicación del TDJ explicó que, sin embargo, esa Cámara puede emitir resolución en las próximas horas o días y no necesariamente en la audiencia designada.

Ministerio de gobierno niega orden de captura

A su vez, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que no existe una orden de mandamiento de condena contra Reyes Villa.

En rueda de prensa, también se refirió a la demanda de amparo constitucional, que fue admitida en Sucre. “Tenemos entendido que presentó ese mecanismo en contra del auto supremo, que es el instrumento legal que hace cumplir la pena de cinco años. La acción de tutela constitucional determinará si es inocente o culpable ”, dijo.

Manfred se resguarda

Este martes, el alcalde no se expuso en actividades públicas y se contactó telefónicamente con sus simpatizantes, quienes permanecen de guardia frente al Ayuntamiento. Su voz fue amplificada por un megáfono.

Resultó que por la mañana no estaba en su oficina. El portavoz del Ayuntamiento, Henry Rico, dijo que Reyes Villa divide su tiempo personalmente en torno al proceso, por un lado, y por otro lado, abordando temas que son de su responsabilidad como alcalde.

Dijo que este martes estuvo en el Distrito 4 y también en reuniones con su equipo legal de abogados privados, ya que el Ayuntamiento no es parte institucional del proceso.

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