Tras cuatro meses en el cargo de alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa enfrenta un problema judicial que afecta su mandato. Mientras tanto, aumenta la incertidumbre. Durante la semana conocimos la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación (recurso de casación) presentado por la defensa de Reyes Villa, en el caso de El Sillar. El alcalde es designado en un proceso que se remonta a 2009 por presunta conducta antieconómica en el pago de consultores. Fue entonces cuando fue alcalde. En 2013 se dictó sentencia cuando se encontraba “en rebeldía” y se declaró improcedente el recurso de casación.
El Movimiento al Socialismo (MAS) exige nuevas elecciones y el consejo de la alcaldía pide “responsabilidad” , esperar a que se desarrolle el caso. Desde un punto de vista jurídico constitucional, ven alternativas a “interrumpir” la sentencia contra Manfred.
El abogado Julio Veizaga aclara que, técnicamente, la situación está resuelta, pero observa “defectos”. “Este proceso se llevó a cabo en ausencia del imputado. Daría la impresión de que estamos en vísperas de una sentencia firme porque lo último que plantearon, el recurso de casación, no fue admitido.
En el caso de ejecución de la pena penal, el mandato de Manfred podría darse por terminado, sin cese ni suspensión de funciones.
“FOJA CERO”
El punto que resalta Veizaga es que el proceso se llevó a cabo cuando el Alcalde no estaba en el país, por lo que no ve “existencia legal”, ya que “la sentencia constitucional 0012/2021 declara inconstitucional la sentencia en rebeldía por delitos de corrupción de la Ley Marcelo”. Quiroga Santa Cruz ”.
Es necesario “hacer un trámite” para ello. “En el orden interno no se dijo la última palabra. Si se aplica esta sentencia constitucional, que es de cosa juzgada, es vinculante para todas las autoridades. Estaríamos en cero en este caso penal, que hoy supuestamente tiene una condena ejecutable ”.
CONFIAR EN LA CIDH
Reyes Villa confía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 20 de mayo admitió una denuncia por violación de derechos cuando era alcalde, por delitos contra la vida y hechos violentos. Lo hizo después de 13 años, ya que la petición se remonta a 2008.
La CIDH declaró admisible la demanda en relación con siete artículos de la Convención Americana, que se refieren a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales y el principio de legalidad, entre otros.
El miércoles, Reyes Villa dijo: “Creo que esto es un avance no solo para Manfred, sino para muchos bolivianos en materia de derechos humanos”. Por su parte, la Presidenta del Consejo, Marilyn Rivera, abrió la posibilidad de que la CIDH pueda incidir en una eventual indemnización a favor del Alcalde, siempre que concluya que el Estado ha afectado sus derechos fundamentales.
Las redes sociales retratan la tensión entre quienes alientan y quienes difaman el poder municipal. Por ejemplo, han surgido imágenes que dicen: “Yo apoyo a Manfred” o “mi familia y yo apoyamos a Manfred porque se respeta mi voto”.