Este miércoles, en una audiencia de cesación a la detención preventiva que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia, el vocal de la Sala Penal, Evert Álvarez, determinó rechazar el pedido de libertad solicitado por la defensa del comunicador de Comunidad Autonómica, José Antonio Mendoza, y ratificó su detención en la cárcel de Palmasola.
El 18 de febrero, el comunicador fue enviado al recinto penitenciario con detención preventiva por cuatro meses, acusado de supuestos cobros irregulares a funcionarios municipales. La denuncia fue iniciada por el Ministerio Público a la que se adhirió la Alcaldía cruceña.
Al término de la audiencia, pasada las 13:30 horas, Mendoza habló con los medios y aseguró que continuará con el proceso legal, mediante sus abogados, para defenderse en libertad por la denuncia que se lo acusa.
“Cada juez o vocal tiene una determinación y habrá que respetar eso; esperemos que en el juzgado de origen se pueda tomar una determinación para que me defienda en libertad”, afirmó.
El jefe de prensa de C-A dijo que es inocente y negó que haya realizado algún cobro irregular, como lo asegura el Gobierno municipal, que señala que existen 90 ítems a cuyos titulares, supuestamente realizaba el cobro. Pidió a la parte denunciante que compruebe sus acusaciones.
El comunicador sostuvo que sus abogados demostraron en la audiencia que sus cuentas no llegan más allá del sueldo que recibía.
Agregó que el monto que presentó la parte acusatoria tiene que ver con su patrimonio, que asciende a Bs. 94.000, y no con recursos de presuntos cobros irregulares.
Los concejales por la misma tienda política, Juan Carlos Medrano y José Alberti estuvieron presentes en la audiencia, mostrando su apoyo a Mendoza.
En entrevista con el DEBER, el legislador Medrano cuestionó la decisión del vocal Álvarez, porque asegura que no quiso valorar las pruebas y declaraciones nuevas.
“Prefirió ratificar la medida, a pesar de haber reconocido que los audios son falsos y que la declaración de la denunciante fue desmentida con certificaciones del propio Concejo Municipal y de la cooperativa Jesús Nazareno, mediante requerimiento fiscal”, expresó Medrano.
“No sabemos las razones por las cuales desconoció las pruebas presentadas y no rectificó los derechos vulnerados”, expresó más adelante.