¿Cómo analiza el resultado de su interpelación? Faltaron seis votos para su censura, ¿cómo lo ha recibido usted?
Las senadoras (de Comunidad Ciudadana) plantearon la cita y quisieron ponerme a hablar sobre temas que no venían al caso, que no eran parte del pliego interpelatorio, eso no tenía sentido y, mucho menos, responder a ataques personales o mentiras de algunos diputados.
Todos los actos de interpelación son democráticos, pueden terminar con la censura o no del ministro, pero en este caso me llama la atención la intolerancia de Carlos Mesa ante el debate democrático y ante las respuestas que se dieron, y es un pedido que yo vengo reclamando hace mucho tiempo, que dé la cara, qué le responda al país sobre el tema de Quiborax. Por qué no acudió al llamado de los jueces en Estados Unidos cuando lo citan como testigo sobre las masacres de El Alto en la guerra del gas (2003), no acude a ningún Tribunal y mantiene un silencio cómplice. Es un actor que no aporta a la justicia para las víctimas y lo que quiere Mesa es impunidad, no le va a temblar la mano para atacar a cualquier senador o diputado que no siga los caprichos que tiene él en la visión política de defensa de los Derechos Humanos.
¿Se refiere a Silvia Salame, por la defensa y al apoyo que le dio a usted en esa sesión?
No solamente ella, creo que ha habido un ataque de Mesa a muchos otros asambleístas que por motivos que ellos conocerán, no participaron de la sesión. Creo que quedan claro para el país la intolerancia de Mesa y las mentiras descaradas de las senadoras (Comunidad Ciudadana) Andrea Barrientos y Cecilia Requena (sus interpelantes). Ha quedado claro que ni siquiera conocían el alcance de sus preguntas, no han podido sostener ninguna de sus afirmaciones.
¿A qué atribuye el apoyo de Silvia Salame?
Al hecho jurídico. Cómo podría tener un jurista una respuesta de censura cuándo en todas las preguntas que se me hicieron, he respondido de manera puntual, de manera precisa, con documentos y sentencias, proyectos de ley y normas ya aprobadas. Creo que ahí está la diferencia entre un criterio obsecuente de respaldar la impunidad de Carlos Mesa y un criterio de una jurista que conoce de derecho y ha manifestado claramente su posición y su pensamiento. Ha planteado una postura legítima, todos los parlamentarios tienen derecho a votar por una decisión de censura o no censura.
Usted fue muy criticado por decir que el retraso de la reforma judicial es por culpa de la Asamblea, ¿es así?
El rol de cada uno de los poderes del Estado está definido en la CPE. Este año la Asamblea ha emitido 16 leyes, la mayor parte aprobando créditos, $us 933 millones y las restantes son normas, aparte de la Ley del Oro, que transfieren inmuebles, otra cambia el nombre a la Universidad de Pando; de Universidad Técnica a Universidad Amazónica, y a aprobar un Convenio de Mercosur.
Tenemos una Asamblea Legislativa que con un presupuesto cercano a los Bs 260 millones ha emitido 16 leyes que representan, más o menos, $us 2,2 millones por ley. Es un Parlamento que tiene que mejorar su producción normativa. Aquí nadie lo responsabiliza, pero debe ir más allá de escándalos, de peleas, de golpes. La noticia debe ser el debate normativo, el debate político en interpelaciones, claramente su función constitucional es vital para la reforma judicial, garantizar independencia en la justicia.
Hay denuncias que señalan que dos de los hijos de Salame trabajan en cargos diplomáticos, y que otra de ellas es su asesora Ministro de Justicia. ¿Es cierto?
No. Respecto a que una de las hijas de Silvia Salame trabaje en el Ministerio de Justicia lo desmiento categóricamente, ningún familiar de Silvia Salame trabaja con nosotros.
¿Y los cargos diplomáticos?
Es un tema de Cancillería, yo no manejo la información de todas las personas que forman parte de ese ministerio. No lo estoy negando ni afirmando, simplemente no conozco.
¿Hay muchas críticas relacionadas con el sobreseimiento en el caso ABC, ¿qué opina?
El Ministerio de Justicia no se va a pronunciar sobre casos que están actualmente en trámite ante la justicia boliviana. Sí le debo informar que la declaración de sobreseimiento ha sido impugnada, fue presentado un recurso de impugnación contra la decisión, no solamente por el Ministerio de Justicia, sino por la Procuraduría General del Estado, por el Ministerio de Obras Públicas y por el mismo diputado Héctor Arce (MAS). Dejemos que la justicia emita una decisión.
¿Qué dice el memorial que ustedes presentaron?
Mire, le reitero, lo que nos ha recomendado la CIDH es que no pronunciamos criterio mientras el caso está para decisión.
¿El caso audios es distinto?
En la etapa preparatoria, en materia penal, se puede dar dos figuras: rechazo y sobreseimiento. Este es el primero. Este caso fue presentado de oficio por el Ministerio Público luego de una conferencia de prensa de Evo Morales, quien no presenta la denuncia como muchos actores políticos.
Denuncian en los medios, pero no presenta ni sus documentos ni sus pruebas. No ha sido parte del proceso. El 28 de abril de este año se ha tomado la decisión de rechazo notificada a los jueces y a los actores que han sido denunciados el 3 de mayo.
No hubo impugnación, ninguna de las partes ha presentado recurso. Nosotros no hemos sido parte de ese caso. Hubiera sido interesante que Morales se presente, declare con relación a sus afirmaciones, revele quién ha entregado el audio, quién es la persona que ha dado, él dice es un campesino del lugar, que pueda validar la legalidad de ese audio.
Evo Morales ha litigado en medios de comunicación, se litiga ante los tribunales.
Ustedes, como Gobierno, ¿pensaron en iniciar procesos, demandar contra Evo Morales, Carlos Romero, Teresa Morales y otros actores que denuncian por medios y no en tribunales?
Creo en la libertad de expresión, no creo que los delitos de difamación, calumnia e injuria puedan ser utilizados para atemorizar. El debate debe ser extenso y sostenido con altura, con verdad y la población va a encargarse en darle una sanción sin su voto a Evo Morales y a quienes litigan por los medios con mentiras, a quienes hacen afirmaciones que no son ciertas.
¿Será entonces el soberano y el voto en las primarias que castigarán a Evo Morales y a sus colaboradores?
Sí eso es lo que se tiende a seguir en un proceso democrático sano. La población, finalmente, es la que resuelve estas situaciones que se han presentado en el país, eso es lo que hay que esperar.
Usted habló de usar manillas electrónicas para evitar la detención preventiva. ¿Se puede aplicar en la expresidenta jeanine Áñez y el gobernador Luis Fernando Camacho?
Ahí vuelvo a aprovechar a exhortar a la Asamblea Legislativa que trate el proyecto ley de uso de manillas electrónicas. Nosotros quisiéramos implementar esas medidas, pero necesitamos una ley.
Los políticos detenidos en este momento no están en una situación para que se aplique una alternativa a la detención preventiva. Yo le recuerdo que la señora Añez ha sido condenada a 10 años de cárcel, tiene una sentencia que ha sido emitida en nuestro país, que ha sido objeto de apelación y espero que ya pueda resolverse en el tribunal de apelaciones de La Paz. Dejará de ser una persona condenada por los delitos que ha cometido al momento de autoproclamarse como Presidente, el caso conocido como “Golpe II”.
En relación al gobernador Camacho, yo le recuerdo que no es una sola medida de detención preventiva, son al menos cinco jueces bolivianos que han ordenado detención preventiva. Son cinco decisiones judiciales que han determinado la situación y es completamente diferente a la que puede darse en otros casos.
¿Cuánto tiempo antes de la renuncia y la detención del exministro de Medio Ambiente y Aguas Santos Cruz, conoció el Ministerio de Justicia las denuncias y por qué no hizo nada?
Fue el 15 de febrero que hemos recibido a la señora Carla Cortés, la persona que ha presentado la denuncia sobre estos hechos. A partir de ese momento se inició un procedimiento de revisión que prevé la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, de cuentas, de información en los diferentes registros públicos. Tuvo un proceso de una denuncia recibida y un trámite en reserva, nosotros no podemos comentarla por la situación que se ha dado en este caso
¿Tiene el detalle de cuántas denuncias hay en el Poder Ejecutivo con relación a licitaciones que tienen este tipo de anomalías?
Tenemos 828 denuncias de diferentes hechos bajo la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y alrededor de 550 por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, en nuestra base de datos de seguimiento de casos. Algunas de las denuncias están casi en un 50% ante tribunales de justicia, otras están en investigación, no necesariamente una denuncia termina en un Proceso judicial penal, alguna de las denuncias necesitan medidas administrativas en Contraloría.
¿Cuántos Ministerios están afectados por estas denuncias?
No está desagregado porque tenemos procesos que son antiguos, que están en curso de evaluación. Son 828 denuncias de corrupción de diferentes materias en todo el Estado. Eso incluye no solo del Ejecutivo, sino gobernaciones y municipios, y alrededor de 550 en materia de legitimación. Nosotros solamente actuamos en el caso de implicación de las máximas autoridades y en el caso de delitos graves, no en todos.
¿Preocupa esa cantidad de casos que pueden implicar corrupción en instituciones?
No lo veo con alegría, lo veo con mucha preocupación, pero este Gobierno no tiene consideración ni con el ministro de estado ni con ningún funcionario que comete corrupción. La política es de tolerancia cero a la corrupción y la vamos a mantener en ese sentido, no vamos a permitirla, vamos a ir con toda la fuerza de la ley contra ella. Como dijo el presidente (Luis Arce), intervendremos con todo el rigor en cualquier caso, en el que existan pruebas y evidencia de que hay una irregularidad o falta de transparencia en el trabajo de los diferentes ministerios.
En la interpelación que le hicieron se mencionó el caso de su hermano, que tiene una oficina de abogados en Santa Cruz y que maneja casos importantes. ¿Qué responde a esto?
Lima Asociados es un estudio del que yo he sido el fundador, con mi hermano y otros socios. Es un estudio jurídico que tiene más de 25 años de vida y está catalogado por Chamberlain Partners como uno de los mejores de Bolivia. Usted me ha conocido, Marcelo, antes de que sea ministro de Justicia, eso es probablemente uno de los cinco estudios de abogados más importantes del país. Yo he renunciado antes de ser ministro. Yo no aceptaba casos relacionados con el Estado y sé que ellos tampoco lo hacen.