En la actualidad, más de un cuarto de la población mundial (2 mil millones de personas) carece de acceso a agua segura y la mitad (3,6 mil millones) vive sin saneamiento. Además, cerca del 66 por ciento de las aguas residuales son vertidas al ambiente sin tratamiento.
En tanto, en América Latina y el Caribe, 161 millones de personas aún viven sin acceso a agua potable segura y 431 millones carecen de acceso a saneamiento, con más de 320 millones ubicados en las ciudades.
Ante esta realidad, CAF banco de desarrollo de América Latina dispuso una inversión, por $us 4.000 millones, que financiará proyectos e iniciativas que promuevan una gestión integrada del recurso hídrico y una mejora en la gobernanza del agua a nivel regional, hasta 2026.
El compromiso permitirá generar comunidades más saludables, inclusivas y resilientes al clima, y contribuirá a la reducción de las brechas existentes en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030, que busca garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos los habitantes.
En paralelo, el organismo multilateral presentará próximamente su Estrategia de Agua 2023-2026, que establece las líneas de acción para la seguridad hídrica, y como parte de ellas se prevé continuar la aceleración de iniciativas sostenibles y de calidad a través del Programa de Preparación de Proyectos de Agua CAF-PPSA.
Además, catalizará mayores recursos de inversión y de preinversión de otras agencias y donantes internacionales, y propiciará una mayor participación del sector privado para amplificar la cartera de proyectos hídricos y dinamizar la reducción de brechas en la región de América Latina y el Caribe.
El compromiso incluye el establecimiento de sinergias con instituciones financieras internacionales y entidades globales relevantes, para incrementar el número de actores y de recursos orientados a la seguridad hídrica.
Estas iniciativas forman parte del objetivo de CAF de convertirse en el banco verde de América Latina y el Caribe, que implicará un financiamiento por $us 25.000 millones en operaciones verdes, que ayuden a incrementar la resiliencia climática, la preservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas naturales, y la promoción de la transición energética en la región.