Antes de morir, Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso de la supuesta “coima” de Bs 9 millones para que la empresa china Chec se adjudique el tramo carretero Sucre-Yamparáez, dejó un video de 24 minutos en el que cuenta su verdad.
Sandy Rivero falleció en un accidente de tránsito en Estados Unidos, según el ministro de Justicia Iván Lima, pero lo que casi nadie sabe es que dejó un video de 24 minutos donde detalla pormenores del caso.
Ofreció su versión sobre cómo ocurrieron los hechos, acusó de persecución al Ministerio de Justicia e informó que iba a apersonarse a la delegación diplomática más cercana para regresar el país, “pero bajo mis condiciones. No pienso ser usado como trofeo, primero muerto”, recalcó.
No se sabe la fecha en la que fue grabado. Este medio tuvo acceso al video tras las últimas declaraciones del ministro Lima.
“Me llamo Felipe Sandy Rivero, y soy el testigo protegido del caso ABC”, así comienza Sandy el video de 24 minutos y 58 segundos al que denominó como un manifiesto.
Relata que en febrero de 2021 el señor Jin Zhengyuan, representante legal de Chec, lo buscó por primera vez. Dice que nunca antes tuvo relación ni con él, ni con la empresa, pero que “teniendo como referencia el trabajo previo que yo había realizado con distintas instituciones en el campo de las hidrovías”, fue contactado. Relató que después de varias reuniones en las que participó, en las que estuvo la empresa china, el ministro de Obras Públicas, el embajador de la China, el vicepresidente del Estado, entre otros, pudo “obtener una promesa de donación del gobierno chino hacia el Boliviano para la prospección y estudio de las hidrovías”.
Afirma que Zhengyuan le pidió que lo asista en las reuniones para el proyecto carretero Sucre-Yamparáez, consistentes en: 1) Relacionarlo con los actores locales de Sucre, “para lo que gestioné reuniones con la Cadeco, Fancesa y Concretec. 2) Negociar subcontratos y compra de material, para lo cual se contactó y negoció con distintas empresas y proveedores. 3) Negociar una posible alianza con la Empresa Estratégica Boliviana de Construcción Civil. “En ningún momento tuve contacto con miembros de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), ni intervine en el proceso licitatorio”.
Cronología de sus intentos de denuncias
Manifestó que fue testigo de actos irregulares, entre enero y mayo de 2022, “cometidos entre Chec, a través de Jin, y funcionarios de la ABC”. Admitió que en esos meses contrató a abogados para reclamar sus honorarios por su labor en el proyecto de hidrovías, y también para analizar y preparar una potencial denuncia por los actos de corrupción presenciados”.
El 10 de junio de 2022 “me comuniqué con los superiores jerárquicos del Jin Zhengyuan en la China informando de la situación, sin haber recibido respuesta alguna.
Entre junio y julio de 2022, tanto él como sus abogados, “presentamos el caso a autoridades de Gobierno en distintas instancias, llegando hasta altas autoridades de la presidencia y la vicepresidencia, a efectos de que el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público. Al no haber recibido respuesta alguna, se decidió acudir al diputado del MAS, Héctor Arce, que en ese momento había ganado cierta prominencia con denuncias contra la corrupción. Todo ello con la finalidad de lavar los platos sucios en casa”.
En ese momento, el MAS era un partido unido, “al menos a los ojos del público”. Por ello, explica, Arce, acompañado por los abogados de Sandy, presentaron el caso en audiencia pública a la ministra de la Presidencia, el 12 de agosto de 2022. “Lo cual fue recibido con inacción y oídos sordos”.
Por eso, ante la pasividad, definieron con Arce formalizar la denuncia ante el Ministerio Público a finales de agosto, para lo cual, mi intervención testifical era fundamental para que el caso sea admitido”.
Denuncia formal y “sentencia de muerte”
Dijo que se hizo un análisis con la Fiscalía General, la departamental de La Paz, los fiscales superiores y la comisión de investigadores, y se determinó que correspondía otorgarle el estatus de “testigo protegido”, de acuerdo a la Ley 458 de protección de denunciantes y testigos. Afirma que esa protección se le otorgó el 30 de agosto de 2022.
Entonces señala categóricamente: “Esta iba a ser mi sentencia de muerte. En el marco de esa supuesta protección presté mi declaración respecto a los hechos irregulares que había presenciado”, afirma.
Las irregularidades
Primero, la alteración y el cambio de documentación en las carpetas de la licitación para la adjudiciación. “Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas aportadas, con la declaración del miembro de la comisión calificadora que apellida Chura Hidalgo.
En su declaración, esta persona señala, y Sandy lee textualmente: “El día 6 de enero de 2022 el licenciado William Mamani, jefe administrativo financiero nacional de la ABC me llama desde un celular desconocido para que nos reunamos en el residencial Bolivia, me da una contraseña para que ingrese a la habitación. Le dije a los chinos que en la propuesta técnica había un error en dos páginas y me retiré de la habitación. Antes de hacerlo, les dije que si no cambiaban esas hojas de la propuesta técnica no ganarían. Entonces ellos dejaron en sobre cerrado las dos hojas, voy por la tarde, lo recojo y lo llevo a la comisión de calificación para poder ubicar y tener listo ya el informe de la comisión y pasarlo al responsable del proceso de contratación. Todo esto con consentimiento de toda la comisión”.
Punto número dos. La alteración y el cambio del poder para la firma del contrato. “Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas, con la declaración pública del ministro de Justicia el 15 de septiembre de 2022. Leo textual la palabra del ministro: “El consorcio de la empresa china tuvo que haber presentado los documentos a fines de diciembre, la ABC ha evaluado los documentos el 5 de enero, y en realidad, esos documentos recién salen a la venta al público el 26 de enero, documentos notariales, mucho tiempo después. Esto prueba y demuestra que la documentación que ha sido evaluada por la comisión ha sido adulterada”, detalló Lima en conferencia de prensa ese día.
Tercero, la suscripción de un contrato ficticio y la operación de lavado de dinero para materializar en efectivo la coima. “Extremo que se confirma con el siguiente informe de la Fiscalía de La Paz: Llegamos a la conclusión de la inexistencia material de dicha empresa que emitió las facturas por más de Bs 14 millones a favor de dos empresas chinas: CCCC y Chec, hechos que establecen la comisión de lavado de activos, prestación ficticia de servicios profesionales y comercio informal, ausencia de respaldos que sustenten la generación de ingresos y uso de empresas, estableciendo así la comisión del hecho atribuido al ahora encausado de nacionalidad china, Jin Zhengyuan, que suscribió un contrato de prestación de servicios ficticio, con una empresa unipersonal de propiedad de Jesús Esteban Aguilar Suxo, sobre un supuesto alquiler de maquinarias pesadas y otras, contrato que tenía por objeto justificar el retiro total de más de Bs 9 millones, mediante la emisión de cheques firmados por el representante legal de Chec y CCCC, desconociéndose el destino de dicho monto retirado de forma irregular”.
Cuarto. La entrega de la primera parte de la coima, que era un total de Bs 18 millones. Es decir, Bs 9 millones, a funcionarios de la ABC. “La Fiscalía, pese a tener fuertes indicios sobre este extremo, decide ni siquiera investigar por claras presiones y compromisos políticos. La totalidad, el 100% de los extremos que el testigo protegido declaró y que se investigaron, se comprobaron y resultaron ser ciertos y verídicos”.
Sandy recalca que el cuarto extremo sobre el que se testificó, la entrega de la coima “no se pudo comprobar porque la administración de justicia, pese a existir fuertes indicios, decidió que eso ni siquiera se debía investigar, lo cual es consecuencia directa de clara presión del poder político, en un afán de proteger a los verdaderos autores de estos crímenes y negar los hechos”.
Continúa y dice que dada “la contundencia de las denuncias, las pruebas y el aporte indispensable del testigo protegido, el Ministerio de Justicia se vio obligado a cambiar su postura. De una que negaba los hechos a otra que los admitía de manera abierta. Liderando dicho ministerio una estrategia para dejar en impunidad a los verdaderos autores de los delitos y sacrificar a los peones y a los más débiles, dando ilegal continuidad a una obra que se adjudicó y firmó en base a hechos aceptados y comprobados de corrupción.
Dijo que esta vía ya no debe ser conocida como la “carretera del bicentenario”, sino como la “carretera de la corrupción y la vergüenza de Sucre”.
Testigo protegido hostigado
Denunció que el ministro Lima, “con el objetivo de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones la identidad del mismo. En ambas ocasiones estos pedidos fueron denegados por la Fiscalía. Estos actos ya de por sí, constituyeron en una clara violación a la Ley 458 de testigos protegidos y a la normativa de lucha contra la corrupción. Esa ley ya no vale para nada, ya no sirve”, aseveró.
Luego de un sorbo de agua, continuó: “Sin embargo, eso no detuvo los actos de persecución del Ministerio de Justicia, que acudió a otras instancias de chicanería jurídica para intentar involucrar y perseguir al testigo protegido, para revelar su identidad y atacarlo, argumentando que un testigo ve los hechos de lejos, como si fuera un accidente de auto, cuando en realidad la ley 458 se crea para situaciones específicas como los casos de corrupción, donde el testigo, por la misma esencia de los hechos, tiene una cercanía especial a los autores y delitos presenciados, y requiere una especial protección”.
“De esa manera el testigo protegido y su entorno cercano fueron víctimas de amenazas incesantes, amenazas que son registradas en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, llegándose al extremo en el que los abogados denunciantes fueron atacados con una bomba en las puertas de su oficina el 12 de diciembre de 2022”.
Refleja que el mismo diputado Héctor Arce, en conferencia de prensa el 6 de septiembre de 2022 declara públicamente también haber sido víctima de amenazas y amedrentamientos dirigidos a su persona y a su familia. “Si un diputado nacional que goza de protección y fueron de inmunidad advierte que su vida corre peligro como consecuencia de esta denuncia, sin la menor duda la situación del testigo protegido será mucho más grave. La vida y seguridad del testigo protegido se han visto seriamente amenazadas, ante la justicia, ilegal y cobarde decisión del ministerio de Justicia de darle persecución judicial, inviabilizando y desvirtuando el mismo espíritu de esta norma, que se ha constituido en un facilitador de mecanismo de persecución judicial contra denunciantes y testigos, con el único efecto de atemorizar a la ciudadanía”.
Reveló que su identidad fue conocida “por parte del Ministerio de Justicia y del Gobierno desde el primer día que formalicé mi declaración, y desde el primer día he recibido amenazas incesantes”.
Siguió su relato. “Como consecuencia de esta injusta e ilegal persecución y amenazas en contra de mi vida, me vi obligado a salir del país de manera urgente, quedando en una situación de extrema angustia y dificultad”, toma otro sorbo de agua antes de continuar.
“Pude haberme quedado callado y resignado a un exilio forzoso y a los abusos de nuestra justicia que ya conocemos todos. Sin embargo, se hizo latente y evidente una alianza y acuerdo entre actores del poder político de Bolivia, con actores del poder político de la China, para dar persecución al testigo protegido, como elemento más débil del proceso. Y, de una manera totalmente infundada y cobarde intentar inculparlo de los actos delictivos ya conocidos por toda la población boliviana, que fueron cometidos por sus propios agentes”.
Advirtió también que “ante este acto de imperdonable cobardía, yo no me puedo quedar ni callado ni con los brazos cruzados. A veces ser hombre significa pelear y hacerle frente a los abusivos cuando sabes con certeza que serás derrotado. Por lo tanto, he tomado las siguientes acciones:
Denuncias internacionales
Primero, he denunciado el caso ABC ante el Comité de Prevención de Prácticas Prohibidas de la CAF, al ser el proyecto de corrupción, financiado por este organismo internacional. He puesto en conocimiento este caso ante ONG internacionales como Transparencia Internacional y otras. Por último y como medida más contundente, he entablado una denuncia y cooperación con el FBI en Estados Unidos, para la investigación y persecución judicial de este caso, pues en este caso el ministro de justicia boliviano dijo de manera acertada en conferencia de prensa, que estas empresas chinas tienen presencia a nivel mundial y participan en los principales mercados financieros, incluido en norteamericano, por lo que la ley de prácticas corruptas en Estados Unidos le da plena competencia al FBI y al Departamento de Justicia de EEUU de investigar y castigar el presente caso”.
Aclaró que lo que pareciera ser un acto aislado de corrupción en territorio boliviano, se convierte en un caso internacional y de relevancia mundial “agravándose el hecho al haber participado de manera directa agentes y empresas del gobierno chino. Téngase como antecedente el caso Lava Jato”.
Lamentó: “Qué indigna que es la justicia en nuestro país y qué indigno es para un boliviano tener que salir de su país para encontrar justicia. Como bien has dicho Carlos Valverde, puta que es difícil ser boliviano”.
Manifestó: “Esta denuncia nunca tuvo la intención de debilitar la gestión de Luis Arce. Prueba fehaciente de ello fue que me tomé varios meses intentando que esto se solucione en casa. Acudí a un diputado del oficialismo y no de la oposición, nadie puede acusarme de querer desgastar o atacar a alguna facción”.
En los últimos cuatro minutos de su grabación que resultaría ser póstuma, que “grande fue mi sorpresa que este caso pasaría a la historia no sólo por ser el caso de corrupción más grande de la gestión de Luis Arce, sino que fue un caso que develó a la ciudadanía un secreto que pocos sabían: que existía un divorcio dentro del masismo, un divorcio que dio inicio a una guerra fratricida dentro del partido político oficialista. El 16 de septiembre de 2022 el ministro de Justicia salió en conferencia de prensa y afirmó que ‘la hipótesis que tenemos es que el testigo protegido es una persona que no ha recibido su parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo’. Sin embargo, el ministro sale un mes después del 14 de octubre como si fuera fiscal o juez, y se contradice, diciendo que al final no se había pagado la coima a la ABC y que milagrosamente los chinos hicieron aparecer la plata, un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano. Esa afirmación en sí contradice su propia hipótesis.
Finalizó diciendo que “Detrás de este caso no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana, que todo ese sufrimiento y dolor sirva para que todos los bolivianos reflexionemos y decidamos si vamos a vivir para siempre subyugados bajo un sistema judicial a la orden del dinero y el poder político y no así de sus ciudadanos y de la justicia”. Felipe Sandy Rivero.