Reunido con colegios y asociaciones de profesionales, juntas vecinales y distintas instituciones, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dio a conocer estadìsticas sobre la realidad del transporte público en la ciudad, para respaldar el nuevo reglamento de la Ley 1216/2019, o Ley Autonómica Municipal General de Movilidad Urbana, Integral, Sostenible y Segura.
La presentación se hizo en el marco de una reunión de socialización del reglamento, que ya ha encontrado detractores en el transporte público, al que se pretende reordenar, que se manifestaron a través de protestas.
Según el edil, más del 60% de los motorizados del transporte público tienen más de 30 años; casi 17% más de 20; y 14,4% es menor de cinco años. El 75% usa diésel, y solo el 1,7% utiliza gas.
“Los micros son 8 mil y solo tenemos registrados 4.800”, informó, cuestionando que a pesar de no estar registrados en el municipio cruceño, utilizan sus calles.
Dijo que hay 12 mil truffis, pero que solamente se han registrado 7 mil; que la Alcaldía tiene contabilizados 35 mil taxis, pero que en realidad llegan a 60 mil. Las mototaxis tienen situación similar, según Fernández, más de 10 mil de estas unidades prestan el servicio, pero el registro municipal solo ha contemplado 4 mil.
Sobre el transporte de carga pesada, explicó que el reglamento da mayor claridad, para evitar situaciones como las que se dan hoy, cuando se incumplen mandatos. “El transporte de carga pesada solo debería llegar hasta el quinto anillo”.
También argumentó que la Alcaldía pierde recursos, puso de ejemplo el caso de Colpa Bélgica, con aproximadamente 6.000 habitantes, pero con un parque automotor de 20 mil vehículos. “Y lo mismo pasa con Porongo, Warnes, etc. Nos piden pavimento, mantenimiento de calles, etc., pero están registrados en otro lado”, dijo.
También cuestionó el caos al extremo de que el transporte interprovincial llega hasta el caso viejo, cuando en realidad debería llegar solo hasta las terminales, que no deben existir dentro del segundo anillo.
Proyectos
El alcalde enumeró una serie de intenciones para reordenar la ciudad, y para eso se ha estado coordinando con la Policía, a fin de que cualquier normativa sea aplicada de forma obligatoria.
Sin embargo, indicó que a la Policía hay que darle los recursos necesarios. Reconoció que uno de los temas de debate con la entidad verdeolivo fue sobre quién cobra las infracciones que involucran el uso de grúas.
“La Policía ofreció comprar grúas, pero solicitó hacerse cargo de los cobros”, agregó.
Otra de las iniciativas es la creación de un comité interinstitucional del transporte, que defina el rumbo y las acciones del reordenamiento.
Reconoció que es importante que los plazos sean consensuados y aseguró que la Alcaldía cuenta con los fondos para un centro de monitoreo del transporte público. Además, adelantó que apostarán por la construcción de parqueos verticales fuera del segundo anillo, con incentivos de liberación impositiva por cinco años.
Sobre las ciclovías, dijo que cuentan con un fondo importante del Banco Mundial, que tiene que obedecer a un plan integral.